El sistema de pensiones en España ha sido objeto de debate en el programa Todos Seguros de Capital Radio, donde se abordaron su sostenibilidad financiera y las reformas necesarias para garantizar su viabilidad a largo plazo. En el programa participaron expertos como Antonio Méndez Baiges, abogado en Mercer y miembro de OCOPEN, y Pedro Muñoz Luna, coautor del libro Por una reforma de las pensiones, que analiza los fallos estructurales del sistema público de pensiones y propone soluciones.
Uno de los temas analizados fue el método de reparto utilizado en España, que ha sido clave para evitar situaciones dramáticas en la vejez pero que también ha mostrado ineficiencias. Se destacó que el reparto ha sido históricamente imperfecto, ya que los excedentes se han utilizado en otros ámbitos como infraestructuras y sanidad, mientras que en épocas de déficit se ha recurrido a los presupuestos generales del Estado o a la deuda pública. También se discutió el sistema de cuentas nocionales, aplicado en países como Suecia, donde las pensiones se calculan en función de las cotizaciones acumuladas ajustadas por índices salariales, aunque sigue funcionando bajo un esquema de reparto.
Equilibrio entre reparto y capitalización
Otro aspecto esencial del debate fue el equilibrio entre reparto y capitalización. La reforma de 2022 impulsó los planes de empleo para fomentar el ahorro privado, pero a la vez se redujeron los incentivos fiscales a los planes de pensiones individuales. Los expertos señalaron que España tiene una baja cultura de ahorro a largo plazo y que el actual modelo de pensiones no incentiva la capitalización, lo que en un contexto de déficit creciente y envejecimiento poblacional hace necesario fomentar mecanismos de ahorro complementarios.
El informe de la AIReF, que debe publicarse antes del 1 de abril de 2025, ha sido objeto de análisis también. Tendrá la responsabilidad de validar si las proyecciones utilizadas en la reforma de pensiones eran realistas o demasiado optimistas. Diversas entidades, como el Banco de España, FEDEA y la Comisión Europea, han manifestado dudas sobre la sostenibilidad del sistema bajo los cálculos originales. De confirmarse estas previsiones, a partir del 1 de enero de 2026 podría producirse un aumento en las cotizaciones sociales de aproximadamente dos puntos, lo que representaría un coste adicional de 11.000 millones de euros anuales.
El consenso entre ambos expertos es que el sistema de pensiones en España requiere ajustes urgentes. La solución no puede basarse únicamente en aumentar las cotizaciones o retrasar la edad de jubilación, sino en encontrar un equilibrio entre reparto y capitalización. Se requieren medidas realistas que trasciendan los intereses partidistas y los posicionamientos ideológicos para garantizar la sostenibilidad del sistema sin afectar drásticamente la economía del país.
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