El envejecimiento de la población se ha convertido en uno de los principales desafíos para la sostenibilidad económica y el equilibrio entre generaciones. Así lo sostiene el nuevo estudio «Instituciones, Envejecimiento y Equidad Intergeneracional», publicado por Fedea y elaborado por José Ignacio Conde-Ruiz, investigador de la fundación y profesor de la Universidad Complutense de Madrid.
El trabajo defiende que el principal problema no reside únicamente en el aumento del gasto asociado al envejecimiento, sino en la propia arquitectura institucional, que tiende a favorecer decisiones políticas orientadas al corto plazo y dificulta la adopción de reformas que protejan los intereses de las generaciones futuras.
Menos población activa y más presión sobre las cuentas públicas
El estudio explica que el envejecimiento genera un doble efecto económico. Por un lado, incrementa el gasto público destinado a pensiones, sanidad y dependencia. Por otro, reduce el peso relativo de la población en edad de trabajar, debilitando el denominado dividendo demográfico y limitando el crecimiento potencial de la economía.
Esta combinación reduce la capacidad para financiar el Estado del bienestar y aumenta la competencia por unos recursos públicos cada vez más escasos, intensificando el conflicto distributivo entre distintas generaciones.
«El principal obstáculo para la equidad intergeneracional no es económico, sino institucional», sostiene el autor, al considerar que el envejecimiento del electorado introduce un sesgo político que prioriza el mantenimiento del gasto actual frente a inversiones cuyos beneficios se materializarán en el largo plazo.
El gasto en envejecimiento gana peso mientras cae la inversión pública
El informe recoge varios indicadores que ilustran esta evolución. Entre 1995 y 2024, el gasto vinculado al envejecimiento aumentó en 5,3 puntos del PIB, mientras que la inversión pública descendió desde el 4,4% hasta el 2,7% del PIB.
Asimismo, el dividendo demográfico pasó de contribuir positivamente al crecimiento económico durante las últimas décadas del siglo XX a convertirse en un factor negativo desde comienzos de este siglo. Según el análisis, entre 1980 y 1999 aportó 0,44 puntos porcentuales anuales al crecimiento del PIB per cápita, mientras que entre 2000 y 2019 restó 0,19 puntos.
Las proyecciones demográficas apuntan además a un progresivo envejecimiento del cuerpo electoral. En 2017, los votantes mayores de 64 años superaron por primera vez a los menores de 35, una tendencia que continuará en las próximas décadas. Según las estimaciones recogidas en el estudio, en 2074 los mayores de 64 años representarán el 35% del electorado potencial, frente al 20% de los menores de 35.
Tres ejes para reforzar la equidad intergeneracional
Para corregir este desequilibrio, Conde-Ruiz propone una agenda de reformas articulada en tres grandes ámbitos.
El primero busca incorporar de forma explícita la perspectiva de las generaciones futuras al proceso de toma de decisiones. Entre las medidas planteadas figuran rebajar la edad de voto a los 16 años, crear instituciones encargadas de velar por los intereses de largo plazo e introducir memorias de impacto intergeneracional en aquellas normas con efectos futuros relevantes.
El segundo bloque se centra en reforzar la disciplina fiscal con una visión intergeneracional. Además de hacer efectiva la prohibición del déficit estructural prevista en el artículo 135 de la Constitución, el estudio propone una regla de simetría según la cual cualquier incremento del gasto dirigido a los mayores debería ir acompañado por un aumento equivalente de la inversión orientada al futuro, sin recurrir al endeudamiento.
Adaptar el Estado del bienestar a una sociedad más longeva
La tercera línea de actuación plantea adaptar el Estado del bienestar a la nueva realidad demográfica. Entre las propuestas figuran una reforma del sistema de pensiones vinculada al aumento de la esperanza de vida, impulsar fórmulas de jubilación gradual que permitan compatibilizar trabajo y pensión, desarrollar plenamente el sistema de atención a la dependencia como un seguro colectivo y fomentar el ahorro complementario mediante sistemas de adhesión automática a planes de pensiones de empleo (auto-enrolment).
👉 Accede al Informe completo en: Instituciones, Envejecimiento y Equidad Intergeneracional
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