El acuerdo firmado semanas atrás entre PSOE y Ciudadanos reconoce el problema de sostenibilidad del actual sistema de pensiones, y defiende la recuperación del Pacto de Toledo. La prioridad para ambas formaciones es garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas, y para ello abogan por articular el modelo de financiación del sistema con ingresos procedentes del sistema tributario. Otras medidas propuestas son: cotizar a la Seguridad Social por los ingresos realmente obtenidos, mejorar las pensiones de las madres y padres en función del número de hijos e introducir un nuevo fondo (mochila austríaca) que se recibiría en caso de despido o jubilación.

Efectivamente, tenemos un problema de sostenibilidad que es necesario afrontar y gestionar. En el acuerdo no se habla de recortes de prestaciones, pero sí de incrementar las fuentes de financiación vía impuestos, aunque no se dan detalles de los mismos, y establecer mayores cotizaciones al sistema al tener que hacerlo por los ingresos realmente percibidos. Por otra parte, tampoco se menciona el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que también requiere una revisión profunda. Según el último estudio de Willis Towers Watson, si no se hacen reformas por el lado de los ingresos, gastos e inversiones, éste se podría agotar en 2020, lo que conllevaría un incremento de los impuestos y/o una reducción de las pensiones. Sobre esto, el pacto no se pronuncia.

Lo cierto es que las pensiones públicas suelen utilizarse como arma electoral. El Gobierno, sea del color que sea, siempre defiende que el sistema está garantizado, pero cuando pasa a la oposición cambia de discurso y automáticamente declara que es insostenible. Estos cambios de parecer no son aceptables y restan credibilidad al político de turno.

Artículo de Gregorio GIl de Rozas