Treinta años después, el Pacto de Toledo nos recuerda que sin consenso no hay pensiones sostenibles

El Instituto Santalucía y Fedea han conmemorado el 30º aniversario del Pacto de Toledo con un acto que reunió a responsables públicos y expertos en pensiones. El secretario de Estado de la Seguridad Social, Borja Suárez, remarcó la importancia de proteger el poder adquisitivo de las pensiones y afrontar con urgencia los retos estructurales derivados del envejecimiento y la brecha de género. El evento puso en valor el papel histórico del Pacto de Toledo como marco de estabilidad institucional en un contexto político complejo.

Dos informes clave: estabilidad institucional y pérdida de utilidad

Durante la jornada se presentaron dos trabajos elaborados para Fedea e Instituto Santalucía:

• El informe de Octavio Granado, que destaca al Pacto de Toledo como una “rara avis” de estabilidad política y técnica, fundamental para dar coherencia a las reformas desde 1995.

• El estudio de Miguel Ángel García Díaz, que advierte de que el pacto ha perdido parte de su utilidad, derivando hacia decisiones más politizadas y alejadas de su misión original de garantizar la sostenibilidad del sistema.

Ambos coinciden en la necesidad de preservar un espacio técnico de consenso.

Recuperar el espíritu fundacional del consenso

Los análisis subrayan que el futuro del sistema exige recuperar el rigor técnico, la corresponsabilidad y la visión intergeneracional que marcaron el nacimiento del Pacto de Toledo. Granado reivindica su valor como ejemplo internacional, mientras García Díaz alerta del riesgo de convertirlo en una “subasta política” sin evaluación de costes ni impacto generacional. Ambos trabajos sostienen que la sostenibilidad futura depende de reforzar mecanismos estables y alejados del vaivén partidista.

Desafíos de futuro: demografía, sostenibilidad y tres pilares

En las mesas redondas, los expertos coincidieron en que el envejecimiento duplicará la tasa de dependencia y exigirá entre 3,5 y 4 puntos adicionales de PIB en transferencias públicas. Señalaron la necesidad de reforzar la previsión social complementaria, diversificar las fuentes de ingresos y recuperar un factor de sostenibilidad vinculado a la evolución demográfica. También destacaron el riesgo de ruptura del contrato intergeneracional y la importancia de alinear los tres pilares —Seguridad Social, planes de empleo y ahorro privado— en un sistema que necesita más transparencia, diálogo y visión a largo plazo.

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