El gran número de análisis sobre la situación deficitaria de la Seguridad Social y las diferentes propuestas de reforma que están apareciendo en los medios de comunicación no deberían hacernos olvidar que la pensión es un derecho que nos hemos ganado con las cotizaciones realizadas durante muchos años, y no una dádiva que tengamos que agradecer al alcanzar la jubilación.

Con esto, no debería haber dudas sobre el mantenimiento del actual nivel de las pensiones, sin embargo, en el diseño del modelo de nuestro sistema de pensiones se cometieron grandes errores que ponen en la cuerda floja nuestros derechos.

A la hora de crear un sistema público de pensiones hay que tomar dos decisiones fundamentales. La primera es si optar por definir una pensión mínima, que garantice un sustento básico, y establecer los mecanismos para dar la información suficiente a los individuos para que tomen decisiones adecuadas sobre el ahorro; u optar por definir un importe de las pensiones públicas que permita a los jubilados llevar un nivel de vida parecido al que mantenían mientras trabajaban y despreocupar a los ciudadanos de cómo hacer frente a sus gastos en la vejez.

Detrás de la opción de establecer una pensión mínima está la confianza en que los ciudadanos, con información adecuada, tomarán las mejores decisiones sobre su ahorro y además da solución a aquellas personas que fueran poco previsoras para que no tengan que depender de la beneficencia para subsistir una vez se jubilen. Por el contrario, el fijar una pensión mayor que la mínima vital implica una desconfianza en la capacidad de los individuos para planificar correctamente su jubilación y la asunción de que, de forma centralizada, se puede planificar su vida.

La segunda decisión clave es elegir el sistema de financiación. De nuevo se presentan dos opciones. La primera es un sistema de capitalización mediante el cual cada ciudadano va llenando su propia hucha y acumula un fondo que será el que financie su pensión. La segunda opción es un sistema de reparto a través del que, con los ingresos anuales, se pagan las pensiones de ese año; es decir, nuestras pensiones dependerán de aquellos que estén cotizando cuando alcancemos la jubilación, es la llamada solidaridad intergeneracional.

Articulo de Álvaro Monterde Arranz