#Pensiones

La taxonomía estándar internacional de la pensiones es la de la OCDE.

Por lo tanto se clasifican en tres pilares.  En España sin embargo solemos establecer cuatro.

Desde 1995 se creo una Subcomisión parlamentaria con representantes de todos los partidos políticos para hacer el seguimiento a los problemas de las pensiones públicas y dar respuesta consensuada mediante recomendaciones al gobierno.
Como gran ventaja, el Pacto de Toledo busca acuerdos con amplia legitimación democrática. Como inconveniente, tiende a subrayar las fortalezas del sistema público y a minimizar sus retos futuros, no propiciando reformas de gran calado.
Adicionalmente el Pacto de Toledo también efectúa recomendaciones en torno a la Previsión Social Complementaria, habiendo dado lugar a la regulación de los planes de PYMES, por ejemplo.

Si algo caracteriza al sistema de pensiones español respecto a los países desarrollados es la gran preponderancia de las pensiones públicas y la reducida dimensión de los planes de pensiones de empresa. En el segundo pilar, las pensiones vinculadas al trabajo, España se caracteriza por un predominio claro del régimen contributivo de la Seguridad Social. Las pensiones complementarias apenas están desarrolladas en algunos sectores como las comunicaciones, la banca y las empresas de energía. En el resto, la regla es la ausencia de previsión social distinta a la pública obligatoria.
La cobertura de la población de los sistemas individuales privados es amplia si bien el saldo medio por persona es bajo no permitiendo complementar adecuadamente la previsible insuficiencia de las pensiones públicas.
Como se aprecia en la tabla, en la media de la OCDE un empleado medio percibe una pensión de jubilación 58,9 por ciento de su salario como empleado. De esa cifra un 40 por ciento proviene de la pensión pública obligatoria, un 12 por ciento de la pensión de empresa obligatoria y un 7 por ciento de la pensión privada voluntaria. En España se percibe en media un 72 por ciento de pensión y prácticamente toda ella proviene de las pensiones públicas obligatorias.

En este contexto, existe un riesgo social de depender casi exclusivamente de las pensiones públicas que funcionan en un régimen de reparto y que están condicionadas por el previsible envejecimiento demográfico.
Por tanto existe una concentración de riesgo social en el sistema público que debería equilibrarse mediante el desarrollo de sistemas de pensiones complementarios, especialmente los vinculados a las empresas.

Si algo caracteriza al sistema de pensiones español respecto a los países desarrollados es la gran preponderancia de las pensiones públicas y la reducida dimensión de los planes de pensiones de empresa. En el segundo pilar, las pensiones vinculadas al trabajo, España se caracteriza por un predominio claro del régimen contributivo de la Seguridad Social. Las pensiones complementarias apenas están desarrolladas en algunos sectores como las comunicaciones, la banca y las empresas de energía. En el resto, la regla es la ausencia de previsión social distinta a la pública obligatoria.
La cobertura de la población de los sistemas individuales privados es amplia si bien el saldo medio por persona es bajo no permitiendo complementar adecuadamente la previsible insuficiencia de las pensiones públicas.
Como se aprecia en la tabla, en la media de la OCDE un empleado medio percibe una pensión de jubilación 58,9 por ciento de su salario como empleado. De esa cifra un 40 por ciento proviene de la pensión pública obligatoria, un 12 por ciento de la pensión de empresa obligatoria y un 7 por ciento de la pensión privada voluntaria. En España se percibe en media un 72 por ciento de pensión y prácticamente toda ella proviene de las pensiones públicas obligatorias.

En este contexto, existe un riesgo social de depender casi exclusivamente de las pensiones públicas que funcionan en un régimen de reparto y que están condicionadas por el previsible envejecimiento demográfico.
Por tanto existe una concentración de riesgo social en el sistema público que debería equilibrarse mediante el desarrollo de sistemas de pensiones complementarios, especialmente los vinculados a las empresas.

La configuración teórica de nuestro sistema se estructura en tres pilares: un sistema público obligatorio de reparto (pensiones contributivas de la Seguridad Social), un segundo pilar de pensiones complementarias de ámbito empresarial y un tercer pilar que corresponde a decisiones individuales de ahorro para la jubilación.

Sin embargo, la realidad es que el sistema público es prácticamente el único proveedor de pensiones para los ciudadanos ya que los pilares complementarios han tenido un escaso desarrollo en España. Solamente un reducido porcentaje de trabajadores, alrededor del 5%, cuenta con un sistema complementario empresarial que proporcione pensiones relevantes y en los sistemas individuales, aunque hay  9 millones de partícipes que tienen un plan de pensiones individual, sus derechos consolidados medios no superan los 5.000 €.

El sistema de Seguridad Social ha sufrido en los últimos años un importante deterioro financiero derivado de los efectos demográficos y de la crisis económica que ha originado déficits crecientes y ha puesto en riesgo su sostenibilidad futura. En el pasado reciente se han acometido importantes reformas paramétricas, fundamentalmente por el lado del gasto y previsiblemente se adoptarán medidas adicionales en el futuro tanto por el lado del gasto como por el lado de los ingresos, con el objetivo de garantizar su sostenibilidad a medio y largo plazo. No obstante, existe la convicción de que el sistema no va a poder proveer pensiones suficientes y adecuadas. Por ello, es fundamental la extensión y potenciación de los sistemas complementarios.