OCOPEN analiza las medidas planteadas por el Gobierno en materia de pensiones

20 Abr 2021 | 0 Comentarios

Isabel Casares y Miguel Ángel Menéndez, secretaria general y miembro de OCOPEN respectivamente, aportan su testimonio en el reportaje ‘El plan Escrivá para salvar las pensiones decepciona’, escrito por Esther García López (Finanzas.com). En el citado reportaje también se incluye el testimonio de Enrique Devesa.

Al comienzo de su reportaje, García López señala que José Luis Escrivá, Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, presentó en la semana del 12 de abril un primer bloque de medidas que formarían parte de la reforma de las pensiones. Tales medidas, explica la periodista de Finanzas, han provocado las críticas de la patronal, los sindicatos y de expertos en pensiones, que ven lagunas en estas propuestas. “Consideran que con ellas Escrivá no logrará el objetivo que se ha marcado de eliminar el déficit presupuestario de la Seguridad Social en 2023, sino que, incluso, pueden suponer un aumento de los gastos”, indica.

El citado primer bloque de medidas recoge cuatro recomendaciones realizadas por la Comisión del Pacto de Toledo centradas en revalorizar las pensiones, alinear la edad efectiva y la edad legal de jubilación, avanzar en el traspaso de gastos impropios de la Seguridad Social y desarrollar un nuevo modelo de cotización para los trabajadores autónomos.

Sobre la actualización de la pensión según el IPC, el ministro Escrivá propone impulsar una nueva fórmula permanente de revalorización de las pensiones que garantice el mantenimiento del poder adquisitivo de los jubilados mediante un mecanismo basado en el IPC, que sería evaluado cada cinco años por el Pacto de Toledo. Consiste en revalorizar las pensiones con el IPC del año anterior y en el caso de que la inflación sea negativa las pensiones no sufrirían ninguna merma. Sería en los tres años siguientes con valores positivos cuando se compensaría esa diferencia. Al respecto, la secretaria general de OCOPEN, apunta a que se trata de “una medida razonable, que generará confianza en los actuales y futuros jubilados, siempre que no se modifique cada vez que los resultados no sean satisfactorios para las finanzas del Estado”.

Otra medida que se plantea es la revisión de los coeficientes reductores de jubilación anticipada involuntaria, que pasarían a ser mensuales, menores en la mayoría de los casos y con un mejor tratamiento para las carreras de cotización más extensas. En relación con esta medida, Casares cree que pasar a coeficientes reductores mensuales introducirá mayor flexibilidad en la jubilación. Además, explica que: “casi todos los coeficientes son más bajos que los actuales, excepto cuando el anticipo de la jubilación está en torno a 24 meses, que es, curiosamente, donde el porcentaje de jubilados, respecto al total de jubilaciones anticipadas, es mucho mayor que en el resto de los tramos. Con lo cual, es posible que el gasto total ocasionado por esta medida pueda incluso aumentar”.

Con respecto a los incentivos en el retraso de la jubilación, desde el Ministerio se plantean tres opciones a elegir por el trabajador. “La primera consiste en un porcentaje adicional de la pensión del 4% por cada año de demora; la segunda, un pago único de hasta 12.000 euros y la tercera consistiría en una combinación de ambas”, explica Esther García López. Tales incentivos, para Miguel Ángel Menéndez, “parecen poco atractivos por mantenerse un año más en el trabajo”.

¿Serán suficientes estas medidas?

Con la aplicación de estas medidas, el ministro quiere acabar con el déficit presupuestario de la Seguridad Social en 2023, “un objetivo demasiado ambicioso a juicio de los expertos”, alude Esther García. Miguel Ángel Menéndez resalta que: “Con la revalorización de las pensiones ligada al IPC se garantizará el poder adquisitivo de los jubilados, pero incrementará la partida de gasto en pensiones”. Aunque el asociado de OCOPEN reconoce que retrasar la edad de jubilación tendrá un efecto doble de reducir el gasto en pensiones e incrementar los ingresos, “se necesitarán medidas de mayor calado para eliminar el déficit actual del sistema, como ligar la esperanza de vida a la pensión“.

Por su parte, tampoco Isabel Casares ve “factible que estas medidas se materialicen para eliminar en menos de dos años el déficit presupuestario de la Seguridad Social”, como prevé el ministro.

OCOPEN

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