Álvaro Doménech, miembro de OCOPEN y director en EY Pensiones, analiza en este artículo publicado en El Mundo la evolución del sistema público de pensiones desde el Pacto de Toledo y plantea la necesidad urgente de reformas estructurales que garanticen su sostenibilidad.
Una mirada crítica a tres décadas de consenso
“Nos encontramos finalizando el 30 aniversario del Pacto de Toledo y es necesario que reflexionemos sobre uno de los pilares fundamentales de nuestro Estado del Bienestar: el sistema público de pensiones”. Así comienza Álvaro Doménech su artículo, en el que subraya la importancia del consenso político alcanzado desde 1995, pero también sus limitaciones ante los retos estructurales actuales.
A lo largo de estos años, los acuerdos del Pacto de Toledo han permitido mejorar la protección de los pensionistas, siendo el último gran acuerdo el de noviembre de 2020. Sin embargo, el autor plantea una cuestión clave: “¿Han sido estos acuerdos suficientes para garantizar el futuro del sistema o han funcionado como simples parches?”.
Un sistema en tensión: más empleo, pero también más déficit
A pesar del contexto de récord en empleo —con más de 22 millones de trabajadores activos—, la ratio de cotizantes por pensionista sigue siendo de aproximadamente 2,3. Esta cifra, similar a la que había en los últimos años de uso del fondo de reserva, no ha evitado el retorno a una situación de déficit estructural.
“Hoy, los ingresos del sistema no cubren los gastos. Las pensiones han crecido más que los salarios”, señala Doménech. Esta realidad obliga a revisar no solo las prestaciones, sino también el modelo de financiación. El sistema actual, basado en cotizaciones laborales, no se adapta a un mercado en transformación, marcado por la digitalización, la robotización y los cambios demográficos.
El papel de los jóvenes y el valor de la solidaridad interterritorial
El autor destaca también la necesidad de incluir a los jóvenes en el debate sobre pensiones: “Son los futuros pensionistas y deben tener voz en los nuevos acuerdos”. El distanciamiento generacional y la percepción de falta de oportunidades reales amenazan la legitimidad del sistema.
Además, Doménech alerta sobre el riesgo de romper con el principio de solidaridad interterritorial: “Algunos representantes políticos manifiestan la necesidad de modificar este pilar del sistema, poniendo en peligro su cohesión”. Recuperar la confianza y reforzar los principios intergeneracionales y territoriales se plantea como una condición imprescindible para cualquier reforma futura.
Un llamamiento a la reforma estructural y a la planificación de largo plazo
El artículo concluye con una llamada a la responsabilidad colectiva: sindicatos, patronal, partidos políticos, administración y sociedad civil deben trabajar juntos para rediseñar el modelo. “No podemos seguir asumiendo que el actual sistema es la única solución posible”, afirma Doménech. Explorar nuevas fuentes de financiación y diseñar un sistema flexible y adaptable a los próximos 30 años es, según él, una urgencia inaplazable.
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