Antonio Méndez Baiges, abogado en Mercer y miembro de OCOPEN, explica en Capital Radio por qué la demografía, los salarios y el aumento de la esperanza de vida obligan a revisar el futuro de las pensiones.
El sistema público de pensiones español afronta una etapa decisiva. La jubilación de la generación del baby boom, el aumento del gasto en prestaciones y las dificultades para equilibrar ingresos y cotizaciones plantean interrogantes sobre su sostenibilidad a largo plazo.
En una entrevista en Todos Seguros, el programa de Capital Radio dirigido por Miguel Benito, Antonio Méndez Baiges, abogado en Mercer y miembro de la Organización de Consultores de Pensiones (OCOPEN), identifica tres desequilibrios estructurales que condicionan el futuro del sistema y defiende la necesidad de abordar reformas adaptadas a los cambios demográficos y económicos.
Primer desequilibrio: menos cotizantes por pensionista
La caída de la natalidad y el envejecimiento de la población han reducido progresivamente la proporción de trabajadores en activo por pensionista.
Aunque el crecimiento reciente del empleo ha mejorado los ingresos por cotizaciones, Méndez Baiges considera que no modifica la tendencia demográfica de fondo.
El experto destaca la contribución positiva de la inmigración, que permite ampliar la población activa y compensar parcialmente el descenso de nacimientos. Sin embargo, introduce dos matices: una parte de las nuevas cotizaciones corresponde a salarios relativamente bajos y los trabajadores que hoy contribuyen al sistema también generarán derechos a percibir pensiones en el futuro.
Por tanto, el aumento de cotizantes ayuda a financiar las prestaciones actuales, pero no resuelve por sí solo los desafíos a largo plazo.
Segundo desequilibrio: las pensiones crecen más que los salarios
La segunda dificultad está relacionada con la evolución de los ingresos y gastos del sistema.
Méndez Baiges señala que los salarios han atravesado periodos prolongados de crecimiento moderado, mientras que las pensiones cuentan con mecanismos de revalorización vinculados a la inflación.
Esta diferencia puede provocar que el gasto en prestaciones aumente más rápidamente que los ingresos por cotizaciones.
Como ejemplo, recuerda el episodio inflacionista de 2022, cuando la revalorización posterior de las pensiones superó ampliamente el incremento salarial que menciona para aquel ejercicio.
El problema, según su análisis, es cómo mantener el equilibrio financiero cuando los ingresos del sistema no evolucionan al mismo ritmo que sus obligaciones.
Tercer desequilibrio: más años cobrando una pensión
El tercer factor es el aumento de la esperanza de vida. La mejora de la longevidad constituye un avance social, pero también implica que las pensiones deben abonarse durante periodos cada vez más prolongados.
Méndez Baiges plantea un ejemplo: una persona que cotiza durante 40 años puede pasar de percibir una pensión durante 20 años a hacerlo durante 25, sin que necesariamente aumente su periodo de aportaciones.
La relación entre años cotizados y años de percepción de la pensión se convierte así en una variable fundamental para la sostenibilidad del sistema.
La jubilación de los baby boomers aumenta la presión
A estos tres desequilibrios se suma la jubilación de las generaciones nacidas durante el baby boom español, especialmente numerosas y que continuarán incorporándose al sistema de pensiones durante los próximos años.
Este proceso incrementa las necesidades de financiación, tanto por el número de nuevos jubilados como por la duración esperada de sus prestaciones.
Méndez Baiges recuerda que las pensiones constituyen una de las principales partidas del gasto público y que las cotizaciones sociales necesitan complementarse con transferencias del Estado.
En su opinión, el debate sobre las pensiones debe integrarse en una reflexión más amplia sobre la financiación del gasto público y las prioridades presupuestarias.
Retrasar la jubilación para adaptar el sistema a la longevidad
Entre las medidas que plantea el experto figura revisar la edad de jubilación para mantener una relación más equilibrada entre los años de vida laboral y los de percepción de la pensión.
Recuerda que España inició este proceso con la reforma de 2011, que estableció un incremento gradual de la edad ordinaria de jubilación de los 65 a los 67 años, con excepciones para quienes acrediten carreras de cotización prolongadas.
Para Méndez Baiges, reconocer el valor del sistema público de pensiones no debe impedir abordar sus dificultades estructurales. El envejecimiento demográfico y la evolución de las obligaciones futuras hacen necesario anticipar las reformas, en lugar de esperar a que aumenten las tensiones financieras.
Entrevista completa en: Todos Seguros | Capital Radio
0 comentarios